viernes, 24 de octubre de 2008

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DENTRO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En Venezuela, la planificación y el proceso de elaboración presupuestaria dentro de la gestión pública ha sufrido en los últimos años un proceso de transformación metodológica; antes de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año de 1999, la planificación se llevaba a cabo por técnicos profesionales, bajo la dirección exclusiva de las administraciones públicas, sin considerar la realidad ni la participación de las comunidades. El interés en la planificación en el sector público ha surgido con gran fuerza por muchas razones, hoy en día, la consulta pública se considera una parte del proceso que debe relacionarse con las necesidades de la comunidad y con las organizaciones responsables de la ejecución de la estrategia.

En el sector público, frecuentemente las metas son ambiguas y conflictivas, de allí que la evaluación de alternativas resulta difícil; las organizaciones públicas deben responder a los puntos de vista e intereses de las autoridades políticas y de la comunidad general.. La definición y puesta en práctica de las estrategias en el sector público requieren que el proceso de planificación sea ejecutado por un equipo formado por actores diversos. Las partes interesadas deben involucrarse por lo menos al formular las metas, al evaluar las opciones y al definir el proceso de ejecución y los instrumentos.

La aprobación de distintos instrumentos legales le han dado al proceso de planificación en el país, un carácter prioritario, pues además de ser considerado política de Estado, el mismo constituye un amplio sistema donde convergen actores que desde diversas perspectivas plantean sus ideas y priorizan sus necesidades en función de determinar las acciones a ser ejecutadas por los órganos del Estado. El Sistema Nacional de Planificación Participativa, constituye un proceso que integra la Planificación de las Políticas Públicas, activando la participación de los ciudadanos a través de un conjunto de normas, procedimientos, métodos, criterios de evaluación y contraloría social, cuya estructura está perfectamente establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, en la Ley de los Consejo Locales de Planificación Pública, en la Ley de los Consejos Comunales, entre otros instrumentos legales.

Ahora bien, se ha definido participación como el mecanismo o proceso a través del cual los ciudadanos intervienen, individual o colectivamente, en las instancias de toma de decisiones sobre asuntos públicos que le afectan en lo político, social, educativo, ambiental, deportivo y en todos los órdenes atinentes a su espacio. Esa intervención de la ciudadanía en lo público, puede y debe darse en cualquier nivel gubernamental y en cualquiera de sus fases.

Impulsar y fortalecer el llamado Poder Popular, ha sido un elemento estratégico a la hora de lograr el apoyo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno Bolivariano, efectivamente, llevar a conocimiento de los ciudadanos y considerar sus opiniones, facilita el cumplimiento de los objetivos de la planificación de la gestión pública, pues indudablemente esto permite tomar decisiones más acertadas, reducir la incertidumbre, dar direccionalidad y sentido a la gestión, evaluar la gestión, aumentar la eficiencia y la eficacia, promover la participación, y ante todo eliminar la improvisación, ya que los presupuestos no se discuten desde espacios cerrados, sino con propuestas viables y criterios técnicos, administrativos y legales, discutidos desde las mismas comunidades, de manera que el pueblo mismo decida sus prioridades y necesidades. Evaluar el éxito o fracaso de esta política de planificación, requiere considerar diversas circunstancias, sin embargo, aún cuando se pudieran encontrar casos donde la participación no ha tenido el efecto esperado y se continúan aplicando decisiones arbitrarias contrarias a las necesidades de las comunidades, resulta innegable el avance obtenido en esta materia, pues distinto a lo que pudiera considerarse, la participación ciudadana en el proceso de planificación de la gestión pública es un modelo de alcance mundial ya experimentado en otros países, donde ha resultado altamente exitoso.

Nos encontramos en una realidad distinta a la de hace diez años, los ciudadanos han asumido su rol protagónico, y si bien es necesario impulsar y brindar más herramientas para facilitar su inclusión, es importante igualmente tomar conciencia de este compromiso colectivo participando activamente, pues es común observar la apatía aún presente en muchos ciudadanos, que eluden esta responsabilidad y se someten a la voluntad de terceros, dejando la toma de decisiones en manos de quienes no conocen su realidad.

En el marco de ese proceso de planificación, el presupuesto público, requiere especial atención, considerando la importancia que la estimación de los ingresos y gastos tiene, para la ejecución en un corto plazo de las estrategias y acciones que permitan dar cumplimiento a objetivos claramente definidos para alcanzar paulatinamente lo previsto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, como instrumento de planificación en el largo plazo. Establecer metas específicas para un período de un año, previendo los ingresos a obtener y los gastos en los cuales se incurrirá, requiere contar con el mayor apoyo de las comunidades, pues la distribución y uso de los fondos públicos debiera estar determinada por la voluntad de los ciudadanos. Como parte de ese proceso de participación ciudadana impulsado en Venezuela, ya se conocen experiencias de los denominados “Presupuestos Participativos”, consultas directas a los ciudadanos, quienes plantean sus prioridades en función de los ingresos estimados previamente conocidos, sin embargo, es preciso señalar, que si bien es un paso importante, no es menos cierto que la planificación y la formulación y ejecución presupuestaria, continua teniendo serias limitantes en cuanto a su efectividad, pues es una realidad que para las estimaciones presupuestarias se siguen empleando métodos basados en incrementos porcentuales sin ningún criterio de planificación confiable, es decir, aún se elaboran presupuestos tomando como base el presupuesto anterior ajustándolo sobre una base porcentual establecida.

La participación significa tomar el poder, para que la gente lo ejerza en la construcción de su propio camino, participación es presencia y acción de la ciudadanía en los niveles de planificación, decisión, ejecución y control de políticas públicas. Aquí, como en otros países y sociedades donde se entiende que no es suficiente la democracia representativa (que no es suficiente con elegir representantes que actúen en nombre del pueblo), son los mismos ciudadanos quienes se incorporan de manera directa a la atención de lo público; no obstante, los ciudadanos no dejan de elegir a funcionarios y representantes, la diferencia está en que no los dejan solos, ellos actuarán orientados y controlados por el pueblo al cual sirven. El mandante participa ahora en la planificación de lo público, en la legislación que rige, en la ejecución de las políticas y servicios, y en el control directo de la gestión, de manera que la participación en Venezuela no debe ser letra muerta, palabra para discurso, o mera utopía; debe ser fundamentalmente una garantía para el funcionamiento eficiente de las instituciones, en fin para el fortalecimiento de la democracia.

En principio, la información es fundamental para saber qué hacer y cómo hacerlo; los ciudadanos tienen que tener conocimiento sobre lo que ocurre, lo que se hace o debería hacerse y, por supuesto, sobre cuáles son los órganos de gobierno que tienen la responsabilidad de actuar, a los efectos de saber a dónde dirigirse. Un ciudadano bien informado es un mejor ciudadano, y tendrá la herramienta necesaria para ejercer su ciudadanía. El Estado, obligado como está a promover la participación ciudadana, tiene la obligación de informar bien, objetiva y oportunamente.

La participación, tal como la entendemos en Venezuela, debe ser activa, consciente, libre y responsable, así como eficaz. La participación sólo puede entenderse como un acto libre y responsable de la ciudadanía, ella es activa, porque requiere que el ciudadano se inserte en la tarea común de la conducción de lo público, conjuntamente con los funcionarios elegidos o designados. La participación es consciente, libre y responsable, porque no es movida por otros, sino por el propio ciudadano quien, con consciencia de su responsabilidad, asume su posición. Los ciudadanos no deben esperar que todo llegue solo y que otros se ocupen de hacerlo. Es bueno reconocer que no todos estamos igualmente dispuestos a participar, hay gente que nunca participa, que no le gusta o que no quiere, así como hay otros que parecieran vivir para la participación, que la buscan y la necesitan como el pez al agua. La participación es eficaz si la inserción del ciudadano en la toma de decisiones logra resultados positivos, mayor satisfacción y realización.

Todas las consideraciones expuestas, nos dan base para afirmar que definitivamente el éxito de una gestión o mejor aún, el desarrollo de un país, indudablemente dependerán de la voluntad de los ciudadanos de intervenir en los asuntos públicos, la planificación como proceso para la toma de decisiones en el sector público y la formulación y ejecución presupuestaria, requiere necesariamente involucrar a todos los sectores, la realidad planteada directamente por quienes la viven, permitirá ejecución de políticas más acertadas, ajustadas a las necesidades colectivas y no a intereses individuales, de ahí que está en los ciudadanos tomar la iniciativa, aún con algunas deficiencias y delimitaciones prácticas, ya existen herramientas y condiciones que facilitan y dan cabida a la participación ciudadana en la gestión pública, es cuestión de incorporarnos activamente, de manera de ejercer un derecho y al mismo tiempo cumplir un deber, que nos permitirá avanzar hacia un Estado donde verdaderamente los ciudadanos sean el centro del poder.

Abg. Carolina Andrade Moreno

C.I. Nº 14.328.067


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